El Consejo de Personas Mayores, ha acogido muy positivamente la publicación del Anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia, que viene a completar el sistema español de protección social, satisfaciendo la necesidad más acuciante de nuestra sociedad, derivada fundamentalmente del envejecimiento de la población española.
El objeto final es conseguir una Ley, consensuada por todos los partidos políticos, que resuelva de una forma efectiva y sostenible económicamente, los graves problemas a los que están sometidas actualmente muchas familias con personas dependientes. Es obligación de las instituciones públicas y privadas aportar opiniones y propuestas que ayuden a mejorar el texto definitivo.
Se ha definido la futura Ley de Promoción de la Autonomía, como una Ley básica que reconoce derechos sujetivos o de ciudadanía. Como otras entidades de gran prestigio echamos de menos un reconocimiento explícito de esta característica esencial de la nueva Ley a lo largo del articulado, especialmente en el artículo primero, definiendo los derechos mínimos básicos reconocidos en todo el territorio español. Por ejemplo, y como en otras instancias se ha defendido, una declaración de que la gran dependencia estaría protegida desde el inicio como derecho universal por esta Ley.
También se reforzarían esos derechos sujetivos, si la redacción del artículo 31 sobre financiación se modificara dando la vuelta al artículo. No debe ser “La financiación del Sistema será la que se determine en los Presupuestos de las Administraciones Públicas competentes”, ya que estaríamos de nuevo en un Plan Gerontológico, más sofisticado, pero similar a los anteriores, si las cantidades asignadas en los presupuestos se agotasen. Se debe decir que los “Presupuestos incorporarán los créditos necesarios para financiar los derechos básicos comunes reconocidos por esta Ley”. Si las cantidades presupuestadas no llegan, se ampliarán.
También querríamos recomendar prudencia en el establecimiento de porcentajes relativamente elevados de financiación por parte de los propios beneficiarios. Aunque sean necesarios para la sostenibilidad del sistema, si son altos podrían dejar fuera del mismo a amplísimas capas sociales. Renunciamos a otros comentarios más técnicos que sin duda mejorarían el Anteproyecto, pero preferimos concentrarnos en estos aspectos fundamentales, deseando que la Ley que finalmente se apruebe cubra las expectativas razonables que tiene la población española.
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